El documento describe los delitos informáticos y la legislación contra ellos en Venezuela. Explica las cinco categorías de delitos tipificadas en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de 2001, incluyendo delitos contra sistemas, propiedad, privacidad, niños y el orden económico. También discute los esfuerzos de Venezuela para establecer una infraestructura de claves públicas y políticas de seguridad informática en las instituciones públicas, impulsadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

1. La Seguridad Informática en Venezuela
Delito informático
Delito informático, crimen genérico o crimen electrónico, que agobia con
operaciones ilícitas realizadas por medio de Internet o que tienen como objetivo
destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Sin
embargo, las categorías que definen un delito informático son aún mayores y
complejas y pueden incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje,
falsificación y la malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y
redes han sido utilizados. Con el desarrollo de la programación y de Internet, los
delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados.
Existen actividades delictivas que se realizan por medio de estructuras
electrónicas que van ligadas a un sin numero de herramientas delictivas que
buscan infringir y dañar todo lo que encuentren en el ámbito informático: ingreso
ilegal a sistemas, interceptado ilegal de redes, interferencias, daños en la
información (borrado, dañado, alteración o supresión de data crédito), mal uso de
artefactos, chantajes, fraude electrónico, ataques a sistemas, robo de bancos,
ataques realizados por hackers, violación de los derechos de autor, pornografía
infantil, pedofilia en Internet, violación de información confidencial y muchos otros.
Artículos de La Constitución Contra Los delitos Informáticos
Concibe como bien jurídico la protección de los sistemas informáticos
que contienen, procesan, resguardan y transmiten la información. Están
contemplados en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, de 30 de octubre
de 2001.

2. La ley tipifica cinco clases de delitos:
 Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información: acceso indebido
(Art.6); sabotaje o daño a sistemas (Art.7); favorecimiento culposos del
sabotaje o daño. (Art. 8); acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos
(Art. 9); posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje (Art. 10);
espionaje informático (Art. 11); falsificación de documentos (Art. 12).
 Contra la propiedad: hurto (Art. 13); fraude (Art. 14); obtención indebida de
bienes o servicios (Art. 15); manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o
instrumentos análogos (Art. 16); apropiación de tarjetas inteligentes o
instrumentos análogos (Art. 17); provisión indebida de bienes o servicios (Art.
18); posesión de equipo para falsificaciones (Art. 19);
 Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones: violación de la
privacidad de la data o información de carácter personal (Art. 20); violación de
la privacidad de las comunicaciones (Art. 21); revelación indebida de data o
información de carácter personal (Art. 22);
 Contra niños y adolescentes: difusión o exhibición de material pornográfico
(Art. 23); exhibición pornográfica de niños o adolescentes (Art. 24);
 Contra el orden económico: apropiación de propiedad intelectual (Art. 25);
oferta engañosa (Art. 26)
Venezuela Impulsa Sistema de Seguridad Informática
En esta segunda jornada del taller, se desarrolló un debate entre el
desarrollo de las tecnologías de información a través de los conocimientos en el
área de firma electrónicas con la Infraestructura de Claves Públicas, (ICP) en
Venezuela y Cuba. María Eugenia Chang, directora de Ingeniería del Ministerio
de la Informática y las Comunicaciones de Cuba, manifestó que en La Habana
actualmente se realiza un proceso de selección, consulta y aprobación de una
propuesta de decreto ley para la Infraestructura de Claves Públicas y el comercio
electrónico.

3. La Infraestructura de Claves Públicas brindará un servicio a los ciudadanos
de tal forma que puedan autenticarse en la red, actualización de trámites, bien sea
de empresas privadas como trámites del Estado. Además, permitirá establecer
con gran eficiencia el uso del comercio electrónico en el país, ya que para las
actividades monetarias, se requiere de la autenticación de las partes, el
reconocimiento y la confidencialidad de claves públicas”, señaló Chang. En
relación al caso Venezuela, en cuanto a firmas electrónicas con la Infraestructura
de Claves Públicas, Chang, expresó que ambos países están trabajando en igual
medida con la distinción de que Venezuela ya tiene aprobada la ley y trabaja en su
puesta en práctica, acotó Chang.
Néstor Rondón, de la Oficina de Tecnologías de Información del MCT,
manifestó, en relación a las políticas de seguridad en la Administración Pública,
manifestó que dichas políticas comenzaron a regirse por la resolución Nº 320
publicada en Gaceta Oficial a partir del 6 de abril del 2006. “La idea principal es
establecer las políticas que deben contemplar todas las instituciones públicas en
materia de seguridad informática. Es importante destacar que la resolución es muy
general, ya que cada institución es autónoma en el área de informática”. Entre los
artículos más destacados de la resolución está la autoridad que tiene el MCT
como hacedor de políticas en materia de seguridad informática; la importancia que
tiene la formación, en esta área, en cada una de las instituciones publicas; el llevar
una bitácora sobre los sistemas de información o infraestructura que sean
instalados en las instituciones, con el fin de que esta información pueda servir de
ayuda a todos los trabajadores; cada oficina de informática debe contar con el
personal calificado. Por otra parte, Rondón expresó que el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, hace hincapié en que las instituciones le den la real importancia a las
oficinas de informática. El taller fortalece el talento humano y genera la cultura de
la seguridad informática, como requisito indispensable para la eficiencia del
Estado y de la nueva institucionalidad.
Douglas Granados I.U.T.A.J.S Barinas